Hoy es el día internacional CONTRA LAS DENUNCIAS FALSAS. La Ley Orgánica 1/2004 LIVG fue aprobada por el Congreso de los Diputados en España el 22 de diciembre de 2004, esta ley fue impulsada por el gobierno del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero y los partidos políticos que votaron a favor fueron ; Partido Socialista Obrero Español, Partido Popular, Izquierda Unida, Convergència i Unió, Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana de Catalunya, Coalición Canaria, Bloque Nacionalista Galego, Chunta Aragonesista y, Nueva Canarias.
Solo hubo una abstención, la del diputado José Antonio Labordeta del partido Chunta Aragonesista, que se abstuvo porque consideraba que la ley debía tener un enfoque más inclusivo hacia otros tipos de violencia en el entorno familiar y no solo la violencia contra las mujeres.
En la votación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso de los Diputados en 2017, no hubo votos en contra, el pacto fue aprobado por 278 votos a favor, una amplia mayoría y hubo 65 abstenciones, pero ningún voto en contra. En ese momento estaba en el gobierno Mariano Rajoy como presidente y fue uno de los impulsores del pacto.
La Ley Orgánica 8/2021, conocida popularmente como la Ley Rhodes, se aprobó en el Congreso de los Diputados el 20 de mayo de 2021. Esta ley fue impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, bajo la dirección del entonces vicepresidente segundo Pablo Iglesias (Unidas Podemos), quien lideraba ese ministerio en el momento en que se desarrolló gran parte del trabajo legislativo durante el entorno de la plandemia mientras el mismo vicepresidente y su ministerio junto con el de sanidad prohibía trasladar los ancianos a los hospitales y se les retenía en las residencias aparte de otros delitos de lesa humanidad y otra índole que están saliendo a la luz y ya son de todos conocidos por más que muchos no quieran reconocer relacionados con los asuntos del #covid19gate.
La denuncia de la Asociación Catalana de Padres y Madres Separados (ACAPASE) ante la Corte Penal Internacional (CPI) fue presentada en 2010 y se dirigió contra el Gobierno Español. La asociación alegaba que existía discriminación sistemática contra los hombres en los procesos de separación y custodia, consideraba que esta situación constituía una violación de los derechos humanos, la denuncia quedó desestimada pero las presuntas más de cincuenta mil victimas mortales y millones de victimas colaterales provocadas por la ideología de género desde el año 2004 hasta la fecha necesitan justicia, hechos que ya sustanciaremos en próximos artículos.
Continuamente por parte de este Estado sin Derecho en España se está vulnerando el art.7.3 del Estatuto de Roma y se está infringiendo el art. 224 del CP al inducir a los menores de edad a abandonar los domicilios paternos por el mero hecho de sus padres ser hombres y, aparte de delitos de prevaricación, malversación, fraude de ley, estafa procesal y otros, todo ello con el consentimiento y autoría por parte de algunos representantes del poder judicial junto con algunos partidos políticos y sus militantes que les votan, están siendo autores, participes, colaboracionistas y cómplices de delito de Genocidio y Crímenes de Lesa Humanidad aparte de todos los demás ya expuestos.
YO ME SUMO. ¿Y TU?. ¿TE SUMAS?
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