Qué requisitos deben concurrir para que exista un delito de estafa procesal?
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en sentencia de 17 de junio de 2016 nos recuerda, abordando esta cuestión que “pacífica jurisprudencia de la Sala destaca que la estafa procesal que contemplamos precisa de un engaño bastante, por ser este un requisito esencial de cualquier clase de estafa, por más que en este subtipo deba producirse en el seno de un procedimiento judicial (STS 1980/2002; 656/2003, de 8 de mayo; 366/12, 3 de mayo o 860/13, de 26 de noviembre). Ello implica que el engaño deba tener la entidad o un grado de verosimilitud suficiente como para producir un error razonable en el Juez, superando su profesionalidad y las garantías del procedimiento (STS 1441/05, de 5 de diciembre de 2005), si bien son necesarias dos precisiones al respecto: a) Que -como los recursos plantean- la cualificación profesional del Juez eleva el parámetro para valorar la idoneidad del engaño, por lo que la estafa procesal en la mayoría de los casos será la consecuencia de un comportamiento del sujeto que se presente con la entidad suficiente como para contrarrestar la función de control que compete al Juez (STS 366/12, de 3 de mayo) y b) Que si es el Juez quien se equivoca en la interpretación del derecho, el error solo será imputable a su propia acción interpretativa porque, como es sabido, el art. 1.7 del Código Civil establece el principio iura novit curia, conforme al cual compete al Juez averiguar el derecho aplicable, al margen de cual haya sido el comportamiento de las partes y las interpretaciones torticeras del derecho que pretendan introducir en el procedimiento.”
Pese a ello, explica el alto Tribunal “debe declararse que la actuación desplegada por los acusados sí supuso una actuación fraudulenta, con una grado de verosimilitud suficiente como para producir un error razonable en el Juez y sin que la regulación normativa dispuesta por el legislador, y el conocimiento que de ella ha de tener el titular del órgano judicial, fueran razón para impedir la decisión judicial que se buscaba con la presentación del falso contrato de arrendamiento. La afirmación de que el procedimiento de ejecución sobre bienes hipotecados nunca pudo suspenderse por la alegación -falsa o verdadera- de existir un contrato de arrendamiento del bien inmueble dado en garantía y que, por ello, el engaño nunca tuvo entidad jurídica como para contrarrestar la función de control que correspondía al Juez, quien debió denegar suspender el lanzamiento en todo caso, resulta incorrecta en su planteamiento más esencial. Con relación a lo expuesto, debe recordarse que fue el Código Penal de 1995 el que incorporó la denominada estafa procesal (inicialmente recogida en el art. 250.1-2º), como subtipo agravado de la estafa básica del artículo 248 del Código Penal . El precepto incrementaba la pena prevista para el tipo de estafa, cuando la estafa se realice con simulación de pleito o empleo de otro fraude procesal. En su aplicación, la jurisprudencia de la Sala vino declarando que el subtipo implicaba la utilización de un procedimiento judicial para obtener un beneficio ilícito mediante una maniobra torticera, consistiendo el beneficio en el reconocimiento judicial de un derecho del que en realidad se carecía. En todo caso, la jurisprudencia reflejaba la existencia de dos submodalidades de estafa: la estafa procesal propia, donde el sujeto pasivo de la acción delictiva era el Juez, porque era éste quien sufría el error provocado por el sujeto, mientras el titular del patrimonio afectado se configuraba como mero perjudicado, y la estafa procesal impropia, donde el sujeto pasivo es la parte contraria del procedimiento, a la que podía inducírsele a que erróneamente se allanara, desistiera, renunciara o abordara cualquier actuación procesal dispositiva de su propio derecho, mediante maniobras torticeras (STS 12 de julio de 2004).”
Añade la Sala de lo Penal que “la posterior reforma operada por Ley Orgánica 5/2010, modificó la descripción del subtipo, (que pasó al nº 7 del mismo apartado 1 del art. 250), estableciendo que la agravación se determina por cometer “estafa procesal ” y que ” incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipulasen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. En la interpretación del nuevo precepto, esta Sala ha destacado que la modificación normativa es de mayor alcance del que pudiera intuirse de una primera aproximación, materializándose en dos aspectos esenciales: de un lado, la renuncia a una de las exigencias propias de la estafa básica, cual es que exista un acto de disposición con efectivo desplazamiento patrimonial, posibilitándose con claridad que el delito pueda ser perpetrado por quien ostenta la posición de demandado en el proceso judicial en el que se debate el derecho, cuando evite torticeramente ser condenado; de otro lado, que las exigencias típicas solo quedan colmadas cuando se llega a provocar error en el órgano judicial y el perjuicio se deriva de una resolución judicial nacida del engaño, lo que no solo excluye la agravación en la estafa procesal impropia, sino que conduce a la tentativa en todos aquellos supuestos en los que se despliegue un engaño bastante que no llegue a generar error en la autoridad judicial o en los que, pese a generarlo, la resolución judicial dictada no sea injusta (SSTS 381/2013, de 10 de abril, 5/2015, de 26 de enero; 232/2016, de 17 de marzo).”
CARACTERISTICAS
La estafa procesal tiene lugar en aquellos casos en que una de las partes engaña al Juez y le induce con la presentación de falsas alegaciones a dictar una determinada resolución que perjudica los intereses económicos de la otra parte o de tercero.
La estafa procesal requiere estructuralmente, como modalidad agravada, todos los requisitos exigidos en la previsión de la estafa básica u ordinaria recogida en el art. 248.1 del Código Penal, es decir:
el engaño
el error debido al engaño
el acto de disposición -en este caso resolución judicial- motivado por el error
el perjuicio propio o de tercero derivado del acto de disposición
el ánimo de lucro -siendo suficiente para estimar en el autor la existencia de dicho elemento de injusto, la específica intención lucrativa, la cooperación culpable de lucro ajeno, no es preciso con lucro propio, vale el que sea para beneficiar a un tercero; y
la relación de imputación que cabe mediar entre estos elementos, a los que debe añadirse, en esta modalidad agravada, la simulación del pleito o empleo de otro fraude procesal.
En base a esta doctrina jurisprudencial se puede definir la estafa procesal como aquellos artificios desplegados en un proceso, directamente encaminados a que el Juez, por error, dicte una resolución injusta que comporte un daño para una persona con el consiguiente lucro indebido para otra.
En ese sentido el actual art. 250.1.7º del Código Penal considera que:
Cometen estafa procesal los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero.
La estafa procesal constituye una modalidad agravada de la estafa porque al daño o peligro que supone para el patrimonio del particular afectado se une el atentado contra la seguridad jurídica representada por el Juez, al que se utiliza como instrumento al servicio de la actuación defraudatoria, razón por la cual parte de la doctrina entiende que se trata de un delito pluriofensivo, siendo ésta la razón que justifica su agravación penológica respecto del tipo básico de la estafa.
Y se consuma el delito cuando se produce una decisión judicial sobre el fondo respecto de la cuestión planteada
¿Incumplimiento contractual o estafa?
Para diferenciar el incumplimiento contractual o civil de la estafa, el Tribunal Supremo afirma que en el delito de estafa debe darse como requisito fundamental el dolo*.Para diferenciar el incumplimiento contractual o civil de la estafa, el Tribunal Supremo afirma que en el delito de estafa debe darse como requisito fundamental el dolo*.
Nos encontramos, pues, ante un supuesto en el que la viabilidad del negocio jurídico es, desde el principio, deliberadamente ficticia, por no haberse basado en una estrategia sólida. En caso contrario, podría tratarse de un simple incumplimiento contractual, que deberá resolverse por la vía civil.
Denominamos “negocios jurídicos criminalizados” cuando el engaño utilizado es el propio contrato, aparentemente legal, y a través del cual el autor (estafador) pretende beneficiarse de su incumplimiento, causando perjuicio o daño a la otra parte. Es decir, cuando el estafador sabe desde el principio que quiere engañar al otro.
- ¿Cuáles son las características principales del delito de estafa?
Como hemos mencionado anteriormente, el dolo es condición esencial para que se produzca el delito de estafa. Podemos definirlo como la “voluntad deliberada de cometer un delito, a sabiendas de su carácter delictivo y del daño que puede causar“. Por ello, la estafa existirá únicamente en los casos en los que el autor simule, deliberadamente, su intención por llevar a cabo una acción con engaño. Tal engaño, provocará el error en cadena; desplazamiento patrimonial, perjuicio para la víctima y el lucro injusto, debiéndose resolver por la vía penal.
- ¿Cuál es la diferencia entre la estafa y la apropiación indebida?
La principal diferencia entre ambos delitos es el elemento del engaño. Por ello, si con premeditación aparece tal elemento en el supuesto de hecho, nos encontraremos ante una estafa. No obstante, debemos tener en cuenta que no por ello se elimina la posibilidad de que en el delito de apropiación indebida pudiera concurrir algún tipo de engaño, permitiendo que la apropiación indebida se produzca como consecuencia del mismo.
- ¿El engaño puede darse de forma omisiva*?
La respuesta es sí. Se considerará delito de estafa o apropiación indebida si el engaño ha consistido en no facilitar la información necesaria al sujeto pasivo (víctima), con la intención de que la misma no pueda valorar adecuadamente los posibles riesgos.
Fuente :
www.whitmanabogados.com
http://consultas-abogados.es/caracteristicas-delito-estafa-procesal/http://lafuenteabogados.com/destacado/diferencias-entre-incunplimiento-contractual-y-estafa/
